“¿A dónde me voy?“ Desalojan a personas con discapacidad por avance del Tren Interoceánico
Los programas de reubicación del gobierno federal han dejado fuera a los integrantes de una familia que han habitado durante décadas el derecho de vía del ferrocarril del Corredor Interoceánico
Este viernes 15 de noviembre de 2024, a Mirella Ávalos y a su hijo Wilbert Ulises se les cumple el plazo: deben dejar el hogar que han habitado durante los últimos 20 años. Con la activación del Corredor Interoceánico todas las familias que viven en el derecho de vía del ferrocarril están siendo desalojadas.
El gobierno federal, por medio de la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi), la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) y el organismo Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec (CIIT), establecieron un programa de reubicación para las familias que habitan en terrenos federales, a un costado de las vías de tres líneas de ferrocarril: la Línea Z, la K y la FA. Con la promesa de entregarles una vivienda nueva y apoyo para la mudanza, el gobierno pidió a los habitantes desalojar, luego de décadas de vivir en estos sitios sin que la autoridad los retirara.
Pero no todas las familias están incluidas en el programa. Para la familia Ávalos, la situación es compleja, pues ellos rentaban a otra familia que se ostenta como la dueña del terreno y esto les ha dejado en el desamparo.
“Yo vivo sola con mi hijo, los dos somos personas con discapacidad y no tenemos a nadie que nos apoye. Esta casa es lo único que tenemos. La renta la pagamos con los apoyos del gobierno, no nos da para más”, dice Mirella de 45 años.
La casa de Mirella y Wilbert está en el número 24 de la calle Derecho de Vía, en la colonia Francisco Villa de Coatzacoalcos, Veracruz; a unos dos metros de las vías de la Línea Z. Su hogar tiene algunos muros de ladrillo, otros de lámina. De este material también está hecho el techo y la barda que separa su predio de otros, sostenida con algunas maderas. Tienen intermitencias en el servicio de luz y agua.
El año 2017 fue para ellos un parteaguas. En enero, cuando Mirella volvía a casa de su trabajo, el transporte en el que viajaba fue embestido por un vehículo; producto del accidente, le amputaron el brazo derecho. Para cerrar aquel año, el 25 de diciembre, su hijo cruzaba las vías del tren cuando resbaló, y el ferrocarril le pasó encima cortándole las dos piernas; tenía sólo 21 años.
Estos sucesos les han imposibilitado trabajar. Mirella se dedica al cuidado de su hijo, quien yace en silla de ruedas. Económicamente dependen de la Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad Permanente que otorga el gobierno federal, y que a cada uno lo dota de tres mil 100 pesos cada bimestre. De ese recurso sacan para pagar los mil 600 pesos de renta mensual, alimentarse y saldar el servicio de luz y agua, pues aunque son parte de una colonia irregular, el gobierno ha desarrollado la infraestructura para habitar en estos predios prohibidos.
Llega el Interoceánico… y barre con todo
En febrero de 2024 empezaron las reuniones para los habitantes del derecho de vía en Coatzacoalcos, Veracruz. Personal de la Conavi, de la Sedatu y del organismo CIIT, que pertenece a la Secretaría de Marina, informaron de los desalojos obligados con la promesa de que les construirían casas a todos los habitantes de las vías del ferrocarril.
Les pidieron comprobante de domicilio, CURP y acta de nacimiento para entrar en el programa, además de llenar unos formularios donde acreditaban el compromiso a desalojar, pero a decir de Mirella, no a todos les recibieron los papeles.
“Por más que insistí en que me recibieran mis papeles, me rechazaron. Pusieron en mi casa una ‘P’, que significa pendiente, y me dicen que me salga y que en marzo del próximo año me darán noticias. ¿Cómo me voy a ir? ¿A dónde me voy? ¿Con qué?”, cuestiona.
De acuerdo con la información del programa “Apoyo único para la liberación del derecho de vía en los proyectos prioritarios del gobierno federal”, son el CIIT, Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec y la Secretaría de Marina quienes establecen el padrón de personas beneficiarias, el cual es entregado a la Conavi para que gestione los apoyos.
En este documento sólo se estipula la entrega de 36 mil pesos por los gastos que se generen por “deshabitar las viviendas”, y no se detallan los pormenores de la promesa de entregarles un nuevo hogar.
Se solicitó una entrevista con las dependencias involucradas sin que al cierre de edición hayan explicado cómo se están llevando a cabo las reubicaciones, el presupuesto asignado a la creación de viviendas, la ubicación de éstas y la selección de personas beneficiadas.
Desde febrero, Mirella ha dialogado con los representantes de todas las dependencias encargadas: Tenientes de la Marina, funcionarios de la Conavi y Sedatu. Ha ido a todas las juntas convocadas por el gobierno. Tiene sus papeles listos.
“Estoy vaciando ya la casa. Me están ayudando los vecinos porque no podemos solos. Se van para casa de mi otro hijo. Y me duele mucho irme porque no sé qué va a pasar con nosotros”.
